Crónica de un fracaso anunciado y de cómo no gobernar

Fuente: http://djovenes.org/

No es el título de una secuela post-mortem de una obra del gran escritor Gabriel García Márquez ni tampoco  un aburrido manual de política que encontramos empolvado en lo más recóndito de una biblioteca de universidad.

Bien pudo haber sido una ley aprobada pero cuando se opone a la voluntad y la libertad de los ciudadanos y ciudadanas, está condenada al rotundo fracaso.

Para aquellos que me leen desde fuera de España, les pongo al corriente.  En enero de 2012 el hasta ahora Ministro de Justicia del gobierno español anunció una profunda reforma, más bien eliminación, de la ley del aborto que había sido aprobada en 2010 por el anterior gobierno presidido por José Luis Rodríguez Zapatero. A grandes rasgos, esta ley orgánica de 2010 regula la interrupción voluntaria del embarazo en la que la mujer podrá tomar la decisión libre de abortar durante las 14 primeras semanas de gestación, y bajo tres supuestos hasta la semana 22, que son el caso de que haya riesgo para la vida de la madre o el feto, anomalías en el feto incompatibles con la vida, o la detección de una enfermedad extremadamente grave e incurable diagnosticada por un comité médico. También permitiría autorizar la interrupción voluntaria del embarazo a mujeres desde los 16 años, sin necesidad de consentimiento de sus tutores legales. (Ley Orgánica 2/2010, de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo)

La reforma que el nuevo gobierno del Partido Popular pretendía llevar adelante respondía a las protestas de grupos en defensa de la vida y las peticiones de la Iglesia Católica como principales grupos de presión, lo que llevaba a una vuelta a penalizar el aborto de una manera más severa y que retrocede incluso a una situación anterior a la aprobación de la primera ley sobre el aborto en 1985. Es decir, retrocederíamos a un periodo de la Transición heredero de la dictadura franquista.

El anteproyecto de ley que se pretendía aprobar penalizaría con pena de cárcel a las mujeres y personas que se vieran envueltas en un aborto. Si bien, la interrupción del embarazo se podría llevar a cabo dentro de las 22 primeras semanas de embarazo y bajo el supuesto de la incompatibilidad con la vida de la madre o del feto. También en caso de violación, siempre que se practique antes de la semana 12 de gestación  y denunciado previamente. Las menores entre 16 y 18 años no emancipadas quedarían condicionadas a la autorización de sus padres. Todos los supuestos tendrían que ser estudiados por dos médicos expertos que autorizaran el consentimiento y el derecho a abortar. (ANTEPROYECTO DE LEY ORGÁNICA PARA LA PROTECCIÓN DE LA VIDA DEL CONCEBIDO Y DE LOS DERECHOS DE LA MUJER EMBARAZADA) 

Desde el primer momento en que el anteproyecto de ley salió a la luz, era de esperar la reacción social que denunciaba un retroceso injusto que privaba a las mujeres el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Si bien, es un tema muy delicado por el que siempre vamos a encontrar confrontación. Y ya lo vimos en el seno del partido que gobierna, profundamente dividido por tales proyectos. Cómo no, prácticamente toda la oposición en el parlamento condenaba una postura tan radicalizada.

Pensar que la nueva ley sobre el aborto se iba a aprobar suponía un concepto cada vez más lejano para el ministro Ruiz-Gallardón. Hoy se ha demostrado que una decisión gubernamental que toca la fibra más profunda e íntima de las personas, en este caso, de las mujeres, jamás va a encontrar el éxito.

De esta forma es cómo un gobierno fracasa en su intento de ir a contracorriente de los derechos de sus ciudadanos. La dimisión del ministro de justicia era inminente, casi anunciada desde hacía meses, podría decirse desde la formulación de tal anteproyecto de ley, pero que en definitiva muestra cómo la insistencia y la reivindicación social puede parar un proyecto inviable y antidemocrático. Tal fracaso se ha saldado con la dimisión de un ministro pero no solo corresponde a su ministerio la elaboración de la ley, sino que engloba a todo el equipo de gobierno.

El hecho que lleva a una mujer a abortar no es un asunto ni mucho menos fácil, más bien es una de las decisiones más difíciles que se pueden llevar a cabo. Una mujer no interrumpe su embarazo por capricho, sino porque se dan una serie de condiciones tanto físicas como psicológicas que inducen a las personas a tomar tales decisiones triviales. Una mujer no puede estar obligada a llevar durante 9 meses en su vientre el fruto de una violación o gestar un nuevo ser humano con pocas posibilidades de sobrevivir, o bien porque sea un embarazo no deseado.

Si tengo que dar mi propia opinión, no soy favorable a que el número de abortos aumente, no me gusta el hecho de que un aborto tenga que producirse. Pero tenemos que respetar el derecho de cada mujer sobre su propio cuerpo, analizar las condiciones en las que se encuentra y así entender y respetar su decisión.

Una imposición moral de tal calibre no hace más que favorecer el aborto clandestino, criminalizar a las mujeres que deciden tomar tan difícil decisión y poner en peligro su salud física y psicológica.

En nuestra sociedad debemos valorar además un elemento en la educación que de muchas maneras se considera todavía un tema tabú debido a patrones culturales y religiosos, y es la educación sexual. Una buena educación sexual de los jóvenes previene muchos problemas como es el caso de los embarazos no deseados por mal uso de los métodos anticonceptivos. Curiosamente, muchas de las voces en contra del aborto (atención, no todas) son precisamente las que se oponen a una educación sexual incluida en nuestro sistema de educación.

Asociaciones en defensa de los derechos de los no nacidos hablan precisamente de establecer derechos desde la propia concepción. Aquí entramos en un debate de bioética en el que consideraría la opinión de médicos e investigadores científicos mucho más constructiva que mi propia opinión. Muchos médicos son conscientes de lo que supone el aborto, y de alguna manera científica se han decidido los supuestos según el tiempo de gestación del feto que pongan un margen entre lo que se considera como vida humana y lo que no.

Comprendo que nunca se llegará a un consenso que ponga de acuerdo al 100% de la sociedad pero es necesario respetar la decisión de cada persona sobre su propio cuerpo. Así, debería decir que no es más justo el que prohíbe sino el que educa. No por prohibir a una mujer interrumpir su embarazo se va a proteger una vida. En definitiva, muestro mi apoyo completo a los derechos de las mujeres a decidir sobre su propio cuerpo sin imposición moral ajena a su propia razón y criterio consciente.